La Ley Pulpín es ¿cuestión de cifras?

Taller Industrial Senati. (FOTO: Giancarlo Shibayama.)

Taller Industrial Senati. (FOTO: Giancarlo Shibayama.)

Los defensores de la ley (los más y mejor informados y bienintencionados) argumentan que esta busca incrementar la empleabilidad de los jóvenes que carecen de instrucción a la vez que intenta dar algunos derechos a quienes no tienen ninguno. En ese sentido, estaría procurando un intercambio -razonable, hay que decirlo- entre la capacitación del empleado sin preparación y su baja productividad durante lo que tome el aprendizaje y una reducción de los costos de las empresas mientras lo anterior sucede. Al final, el trabajador mejora su empleabilidad a través de la capacitación y la experiencia adquiridos y la empresa gana al invertir en productividad estructural: la mano de obra está mejor preparada y es más productiva.

Sin embargo, la informalidad continúa siendo una enorme barrera para que lo anterior suceda. Y esa, tanto como lo educación deficitaria y la incapacidad del Estado de hacer cumplir la ley -cualquier ley, es la principal debilidad de esta discutida y resistida norma.

Pero aún con esto último el argumento del primer párrafo podría sostenerse: es injusto el estado actual de las cosas para la mayoría de jóvenes de entre 18 y 24 años y esta ley lo habrá de cambiar pues es mejor que muchos tengan un poquito de derechos que unos pocos los tengan todos.

¿Cierto?

Veamos. Cuando la receta está divorciada del diagnóstico como en esta ley, el confiar en que el resultado esperado se produzca sería como lanzar un dardo con los ojos cerrados, borracho y de espaldas y dar en el blanco. Puro azar. La Ley no ataca ni la informalidad, ni el desempleo relativo de la mano de obra joven y sin experiencia, ni flexibilizará el empleo creando más puestos de trabajo entre los más vulnerables. Y una mirada a estos datos, tomados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2013, parece sugerir que las cosas no son como nos las pintan necesariamente.

a) Los jóvenes de 18 a 24 años que NO están afiliados ni a la AFP u ONP (el dato más exacto para medir la no presencia de contrato) suman 908,935 de un total de 1,4 millones de asalariados públicos y privados. Es decir, hay medio millón de los asalariados jóvenes que sí tienen contrato y derechos porque de otro modo no aportarían a la AFP u ONP.

b) Entre las empresas de 2 a 10 trabajadores, 616 mil empleados no tienen dicha afiliación. Por ello, la informalidad laboral juvenil en este tramo empresarial es de 91%.

En las empresas de 11 a 100 trabajadores, la informalidad laboral juvenil es de 58% (204 mil sin contrato y 145 mil con contrato).

En las empresas de más de 100 trabajadores, la informalidad laboral juvenil es 29% (88 mil sin contrato y 216 mil con contrato)

c) El problema está concentrado en la Microempresa, con 91% de informalidad laboral juvenil y que involucra, además, al 68% de todos los asalariados jóvenes sin contrato.

Sin embargo, ese tamaño empresarial ya tiene un régimen laboral especial desde el 2003 con “sobre” costos laborales del 7%, la mitad que los de la ley de trabajo juvenil que tiene “sobre” costos laborales del 13,9%. Es decir que, si a una microempresa le cuesta S/.802.5 contratar a un trabajador con sueldo mínimo en su régimen especial, en el régimen de la ley pulpín le costaría S/.854.25.

Entonces, si la ley será “ineficaz” en la Mype, ya que el costo laboral de esta ley es superior al de su régimen laboral especial y por ello la ley es inaplicable en el sector que concentra al 68% de los jóvenes sin contrato, ¿para qué sector está pensada esta ley?

d) La ley está redactada para las medianas y grandes empresas. Para ellas, el sobre costo laboral del régimen general es de 53,7% y bajaría sustancialmente con esta ley a 13,9% para hasta el 25% de su planilla. En este sector la informalidad laboral juvenil es de 29% cuando debería tender a cero y si no es así, es por la baja efectividad de la fiscalización laboral (por cierto, los inspectores de la SUNAFIL, encargada de impedir que esto suceda, entraron en huelga ayer lunes 29 de diciembre por incumplimiento de su convenio colectivo).

e) Finalmente, en los fundamentos de la ley, en el cuadro “Porcentaje de personas con contrato laboral según rango de edad (dependientes e independientes) 2013” para tratar de demostrar que los jóvenes de 18 a 24 años tienen menos nivel de contratación se suma dependientes más independientes cuando, por definición, los independientes no tienen contrato laboral.

Porcentaje de personascon contrato laboral

Luego, cuando se compara, en la página 10 de la Ley de empleo juvenil, lo que han denominado costos laborales no salariales (CLNS) incluyen el aporte a la AFP cuando ese es un costo que paga el trabajador y no la empresa y por lo tanto no es un costo laboral.

Costos Laborales Comparados

El cuadro anterior alimenta la comparación que se hace en el siguiente cuadro que busca compararnos con Chile y México: Sin el “costo” de la AFP -que paga el trabajador- el Perú tendría el costo laboral no salarial (CLNS) más bajo entre esos países. Y eso que no incluyen a Colombia porque en dicho país el 75% del aporte a la AFP lo paga el empleador.

Da qué pensar, ¿cierto?

Costos Laborales Comparados Chile México

¿Para solucionar el problema de quién está hecha la ley?

BONUS TRACK

Como sugiere Farid Matuk a través de estos dos links publicados en su cuenta de Twitter (seguirlo deberían), quizás aún cuando la gran empresa no haya estado detrás del diseño de esta ley de trabajo juvenil, esta aparece cuando el precio del trabajador ha crecido con relación a los márgenes de utilidad de muchas de ellas. Ojo, no es que pierdan dinero ni que ganen poco, han caído los márgenes por coyuntura económica global.

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Acerca de Luis Davelouis

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